Un juez federal ordenó al Kennedy Center dar un aviso de 30 días antes de demoler su edificio principal o hacer cualquier otro cambio físico importante, un paso que bloquea una acción rápida de la administración Trump.
El juez Christopher Cooper emitió la orden el jueves. También denegó una solicitud de la representante Joyce Beatty, una demócrata de Ohio que integra la junta, para una audiencia de emergencia. El juez dijo que el requisito de aviso "evitaría cualquier confusión al respecto dados los acontecimientos más recientes".
El edificio está cerrado por reparaciones
La junta del centro, presidida por el presidente Donald Trump y llena de sus designados, votó el martes para seguir adelante con una renovación de 257 millones de dólares. El edificio cerró al público el miércoles. Su director ejecutivo, un designado de Trump, dijo que el cierre era necesario debido al deterioro estructural que representaba lo que describió como riesgos insostenibles para la seguridad. La administración publicó un video que muestra partes de un techo cayendo.
La disputa por el nombre
La disputa se remonta a un fallo de mayo en el que Cooper determinó que el centro había agregado ilegalmente el nombre de Trump al edificio y ordenó su remoción. La institución retiró las letras en junio, dejando una lona y andamios donde habían estado. Trump ha dicho que quiere que su nombre sea restaurado y ha amenazado con derribar el edificio si no lo es. También ha dicho que la renovación debería costar más de 200 millones de dólares, mientras que el plan de la junta tiene un precio de 257 millones.
Lo que la corte ha permitido
Cooper dictaminó anteriormente que nada podría suceder "sin la bendición del Congreso", y bloqueó un plan de cierre de julio, diciendo que la decisión se tomó en incumplimiento del deber de prudencia de los fideicomisarios. Dejó a la junta en libertad de intentarlo de nuevo con una votación considerada e independiente, y la junta dice que eso es lo que hizo esta semana. Beatty argumenta que la nueva votación viola la orden de la corte.
El aviso de 30 días da a los opositores tiempo para buscar más recursos. Se fotografió a trabajadores reemplazando partes de una cerca temporal alrededor del sitio, y legisladores de ambos partidos han cuestionado el cierre repentino de una institución artística nacional que alberga cientos de presentaciones cada año.