Una orden emitida en cuestión de horas
Una jueza federal de California prohibió el viernes por la noche al Departamento de Justicia amenazar o coaccionar a los funcionarios electorales que procesan las papeletas de las elecciones de medio mandato. La jueza Trina Thompson, del Distrito Norte de California, emitió una orden de restricción temporal de ocho páginas en respuesta a una demanda presentada ese mismo día por sindicatos que representan a los trabajadores electorales. La orden se dictó sin que el departamento hubiera presentado sus argumentos, un paso inusual que refleja la urgencia de un escrutinio ya en marcha.
Thompson escribió que altos cargos del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional habían llevado a cabo "una campaña para intimidar, amenazar y coaccionar" al personal estatal y local que administra las elecciones. La orden bloquea cualquier exigencia de que los funcionarios detengan el procesamiento de una papeleta alegando que el votante es inelegible, sin que exista una determinación judicial.
Una tercera derrota en torno a 20.000 papeletas
El fallo puso fin a una semana difícil para la administración en los tribunales. El miércoles, otro juez federal de California se negó a obligar al estado a apartar más de 20.000 papeletas que el gobierno afirma que podrían haber sido emitidas por no ciudadanos, al considerar que la solicitud violaría las normas constitucionales que dejan la administración electoral en manos de los estados. Un tribunal de apelaciones rechazó la misma solicitud el viernes. El Departamento de Justicia también había enviado citaciones y cartas a funcionarios locales, lo que, según los sindicatos, equivalía a presión para dejar de contar.
Cuatro días antes de que termine la votación
El día de las elecciones es el martes. Millones de papeletas ya se están abriendo y verificando en las oficinas de los condados, y el efecto práctico de la orden es mantener ese trabajo en marcha sin que los funcionarios cuestionen cada sobre. El departamento no ha dicho si apelará. Los grupos de derechos electorales calificaron la orden de salvaguarda. Los partidarios de la revisión de papeletas la llamaron extralimitación judicial. Ambas partes esperan ahora el escrutinio y cualquier señal de cómo la disputa influye en la participación en los últimos días.