El Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal sobre Corey Lewandowski, el veterano asesor de Trump que dirigía las operaciones diarias en el Departamento de Seguridad Nacional, según dos personas familiarizadas con el asunto.
La investigación sigue a una remisión penal del inspector general del departamento, Joseph Cuffari, cuya oficina pasó meses revisando cómo el DHS adjudicó contratos mientras Kristi Noem era secretaria.
Acusaciones de beneficio personal
Los investigadores están examinando si Lewandowski utilizó su puesto no remunerado para beneficiarse económicamente. The Wall Street Journal informó en julio que investigadores federales encontraron pruebas de que podría haber participado en la adjudicación indebida de contratos gubernamentales. Un informe posterior alegó que buscó acuerdos paralelos con funcionarios de Catar y los Emiratos Árabes Unidos mientras trabajaba en el departamento. Él ha calificado esas informaciones de ficción.
Funcionarios del DHS dijeron a Reuters que Lewandowski aprobó algunos contratos aunque, como empleado gubernamental especial, no tenía autoridad legal para hacerlo. También supuestamente puso en pausa algunas subvenciones y contratos, incluido trabajo relacionado con FEMA.
La disputa contractual del departamento
Noem exigió que cada contrato y subvención superior a 100.000 dólares pasara por su escritorio para su aprobación. Describió la regla como una forma de recortar el desperdicio. Varios funcionarios de Seguridad Nacional la calificaron de inusual e innecesaria, y Cuffari dijo al Congreso en marzo que la dirección del departamento había estado obstruyendo su trabajo.
Tanto Noem como Lewandowski dejaron el departamento en marzo tras una serie de controversias, incluidos los tiroteos mortales de ciudadanos estadounidenses por parte de agentes de inmigración.
Un caso poco frecuente contra un aliado
La investigación está en sus primeras etapas y no está claro qué fiscalía federal la dirige. Lewandowski no ha sido acusado. Su abogado, Adam Trigg, dijo que su cliente no ha sido contactado por el Departamento de Justicia y niega cualquier irregularidad mientras sirvió al país de forma voluntaria. Un portavoz del departamento declinó hacer comentarios.
El caso pone a los fiscales federales en la posición de examinar a un miembro del círculo íntimo del presidente, un paso que rara vez han dado durante el segundo mandato de Trump. También llega dos semanas antes de las elecciones de mitad de mandato en las que el historial de aplicación de las leyes de inmigración de la administración ya es un tema de campaña.