Una herramienta presupuestaria poco común, usada de nuevo
La Casa Blanca dijo el viernes por la noche que cancelaría 810 millones de dólares en gasto que el Congreso ya había aprobado, utilizando un instrumento presupuestario rara vez usado conocido como rescisión de bolsillo. El anuncio generó críticas de legisladores de ambos partidos, días antes de que el año fiscal termine el 30 de septiembre.
El rubro individual más grande fueron 567 millones de dólares en fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos para programas que atienden a no ciudadanos. Otros recortes apuntaron a servicios de salud y educación, y a apoyo para inmigrantes, refugiados y empresas propiedad de minorías.
La Casa Blanca describió el dinero rechazado como el gasto gubernamental más dañino, y dijo que el presidente seguiría usando todas las herramientas disponibles para recortar programas que no benefician a los ciudadanos estadounidenses.
Los legisladores se oponen
La presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins, dijo que a los legisladores se les informó sobre las rescisiones sin aviso ni consulta. Dijo que la Oficina de Administración y Presupuesto parecía haber retenido el dinero durante meses para ejecutar lo que calificó como una cancelación ilegal de asignaciones que fueron aprobadas de forma bipartidista y firmadas como ley.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno ha dicho que las rescisiones de bolsillo son ilegales. Esta es la segunda vez que la administración utiliza la táctica. El intento del año pasado provocó un desafío legal sobre proyectos de ayuda exterior, y la Corte Suprema permitió que la cancelación siguiera adelante sin decidir la cuestión legal de fondo.
El calendario juega contra el Congreso
Debido a que el año fiscal termina el 30 de septiembre, el dinero caduca si no se gasta. La Cámara de Representantes no tiene previsto regresar hasta después de las elecciones de mitad de mandato en noviembre, lo que limita la rapidez con la que los legisladores podrían responder con legislación.
Demócratas y algunos republicanos dijeron que la medida quita poder de gasto a la legislatura y lo entrega al poder ejecutivo. Los analistas legales esperan que la disputa termine nuevamente en los tribunales, donde el resultado podría depender de la rapidez con que expiren los fondos.